La Asociación de Ciclistas Profesionales y la Asociación Estatal de Víctimas de accidentes DIA han hecho público un comunicado en el que expresan su descontento con la derogación de la falta de imprudencia leve del antiguo art. 621 del Código Penal. Dicha derogación deja en manos de los jueces de Instrucción la decisión de no investigar los accidentes de circulación, no valorar las lesiones y las secuelas de las personas y dejar de tasar los daños materiales.

De esta forma están siendo archivadas causas penales por accidentes de circulación en los que las víctimas han sufrido lesiones y daños personales graves por considerarse leve la imprudencia. Muchos tribunales argumentan que “los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna” y abocan a las víctimas a acudir a la vía civil, mucho más costosa que la penal, para poder efectuar reclamaciones a las aseguradoras.

El estado de desprotección en que quedan los colectivos más vulnerables en la carretera, peatones y ciclistas, es el origen de la demanda. Dirigida a los candidatos a las elecciones generales, insta a proceder a la inmediata reforma del Código Penal una vez se constituyan las nuevas Cortes, para garantizar la protección de las víctimas de circulación y restaurar la imprudencia con resultado de lesiones o muerte como infracción penal.

Francisco Canes, presidente de la Asociación DIA, lo cuenta sin adornos: “Después de sufrir las graves consecuencias y secuelas que supone un siniestro de tráfico, las víctimas se ven arrastradas por un Código Penal que no las ha tenido en cuenta”.

A la luz de estos hechos, parece claro que los recientes cambios en el Código Penal deben ser revisados. La apertura de un proceso por la vía penal no puede basarse en el grado de la imprudencia cometida, y menos cuando hablamos de coches y bicicletas, ya que la mínima imprudencia por parte de un conductor puede acarrear las más terribles consecuencias para un ciclista.